Medidas coercitivas previstas en la Constitución pueden frenar el Referéndum catalán

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El gobierno restringirá con medidas dirigidas a frenar el referéndum ilegal independentista, para lo que han estudiado todas las posibilidades coercitivas y calendarios e incluso no descarta el rescate de forma administrativa del articulado afín. Esto se dejó conocer en los pasillos, ante el tono subido expresado en el Congreso donde se amenazó con celebrar el referéndum ilegal.

El fuerte acento lo protagonizó el vocero de los independentistas Joan Tardá cuando en el Congreso volvió a vociferar amenazas con la celebración del referéndum promoviendo el enfrentamiento en voces cada vez más exacerbadas, lo que ocasionó que se dejará colar la advertencia por parte de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien indicó que están listas las medidas coercitivas.

La principal disposición coercitiva que puede aplicarse por vez primera, es la atención al artículo 155 de la Constitución, donde se prevé la suspensión de la autonomía de una comunidad, llamado como rescate administrativo con cumplimiento forzoso de las obligaciones para proteger el interés general de los catalanes, pero no se suspende su autonomía sino un proceso administrativo

La vicepresidenta insistió que está todo listo para impedir esta consulta de secesión con la Constitución en mano porque es un referéndum ilegal por cualquier lado por donde se le mire. Igualmente, el propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy entre pasillos, una vez más insistió en que esa consulta que pretende hacerse de forma ilegal no se va a celebrar, sin dar más detalles.

De la misma manera, Mariano Rajoy calificó como absurdo que se continúe diciendo que van a llevar algo cuando es ilegal y no se puede celebrar. Y que esta situación se está presentando no con toda Cataluña, sino con solo algunas personas y de unos partidos catalanes.

Todo parece indicar que están preparados para que una vez se produzca una posible convocatoria para llamar a dicha consulta anunciada, se contará con la respuesta pertinente de parte ejecutivo, ya que específicamente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado para informar que el referéndum está fuera del orden de la Ley, por lo que el Gobierno cuenta con las medidas legales para evitarlo.

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