Pleno del Congreso solicita al Gobierno revocar la declaración de utilidad pública a Hazte Oír

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La polémica suscitada por la campaña de la organización ultracatólica Hazte Oír, ha llegado este martes a su punto máximo cuando el Pleno Congreso de los Diputados ha solicitado formalmente al Gobierno dé inicio al procedimiento para revocar la declaración de utilidad pública a este colectivo, ya que consideran que las actuaciones realizadas durante sus campañas “promueven el odio, la intolerancia y discriminación de las personas LGTBI”.

El mencionado colectivo ultra conservador ha generado una fuerte polémica por las campañas desarrolladas en las últimas semanas en las que ha incluido el llamado autobús tránsfobo que lucía el slogan “Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Que no te engañen”, con el cual recorrieron gran parte de las vías de Madrid.

Luego de que la policía inmovilizó dicho vehículo, por decisión de las autoridades competentes, el colectivo reinició la campaña, a la que llamó “por la libertad de expresión”, con un nuevo vehículo en el que incluyó la palabra “censurado”.

La propuesta fue sometida a votación a través de una transaccional suscrita por los grupos parlamentarios del PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y ERC, fue aprobado con 205 votos a favor, 129 abstenciones y un solo voto en contra.

Los grupos parlamentarios que suscriben la solicitud consideran que las campañas desarrolladas por Hazte Oír son “frontal y radicalmente contrarias a los valores, fines y principios que justifican la declaración de interés general de una asociación y, en concreto, a los de promoción de los valores constitucionales, de la familia, de la infancia de los derechos humanos, y de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia”. Igualmente consideran que las campañas adelantadas por el colectivo no cumplen con lo establecido en las normas legales que rigen en esta materia.

También se pudo conocer que el colectivo Hazte Oír tiene previsto presentar ante la Fiscalía una denuncia en contra de algunos dirigentes de las organizaciones políticas Unidos Podemos, PP y PSOE, a los que acusa de haber proferido amenazas e insultos en contra de los miembros de este colectivo luego de haber iniciado sus polémicas campañas.

Entre los posibles denunciados se encuentran el ex líder socialista Pedro Sánchez, los dirigentes de Podemos Pablo Echenique e Íñigo Errejón y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

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