Sentencia histórica contra Grünenthal

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Fuente: El País

El laboratorio alemán Grünenthal deberá indemnizar a las 24 personas que ya tienen reconocida la enfermedad provocada por la talidomina, un fármaco contra las náuseas en el embarazo que causaba malformaciones en los bebés.

El juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid concede el derecho de indemnización a quienes fueron reconocidos como víctimas del medicamento en el decreto de 2010 para la concesión de ayudas. Por lo tanto, excluye a aquellos que reciben fondos de la fundación Cotergan, entidad que el laboratorio puso en marcha para canalizar las ayudas para los afectados en Alemania.

La Asociación de Víctimas de la Talidomina en España (Avite) solicitó 186 indemnizaciones pero el fallo beneficiará a 24. Los afectados cobrarán según la entidad entre 660.000 y 1.980.000 euros en función de la discapacidad reconocida, que serían 20.000 euros por cada punto porcentual.

A pesar de las restricciones los afectados consideran la sentencia como «histórica ya que va a provocar demandas a nivel mundial contra el imperio de las farmacéuticas», según el presidente de la asociación, José Riquelme. Además permite que el resto de afectados puedan «aprovecharse de la sentencia cuando sean reconocidos como afectados».

La talidomina se comenzó a distribuir a partir del año 1957 como tranquilizante y calmante en las náuseas del embarazo. Comercializada con más de 80 nombres se vendió en más de 50 países hasta que se prohibió por una orden ministerial en 1962.

La sentencia da la razón a los demandantes pero para acceder a las ayudas debe acreditarse la relación de causa efecto entre el fármaco y las malformaciones. Esto, según el fallo, solo queda acreditado en las personas amparadas por el real decreto de 2010.

La juez también rechazó la tesis del laboratorio de que el medicamento se desarrolló según los estándares de experimentación del momento y que los efectos no eran previsibles «el resultado dañoso evidencia que la experimentación no fue suficiente».

Según la juez, la actuación de la filial distribuidora también es «culposa» ya que una vez suspendido el producto, optó por no comunicar a los médicos el motivo de la retirada del fármaco lo que agravó el consumo.

Esta es una pequeña gran victoria pero ¿es necesario que transcurra más de medio siglo para juzgar unos daños más que evidentes?

 

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